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Es un servicio público cuyo objetivo es prestar defensa penal a toda persona imputada de un delito o falta que lo requiera. Para ello está dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometida a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia.
Son los encargados de asegurar la cobertura nacional, de carácter universal, del servicio de defensa penal pública, a través de defensores locales institucionales y defensores licitados.
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